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Situación regional migratoria venezolana
La actual situación política y económica en la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, Venezuela) ha provocado una afluencia sin precedentes de personas migrantes y refugiados en toda la región de América Latina y el Caribe. En junio de 2024, más de 7.77 millones de venezolanos se encuentran fuera de su país de origen, siendo el segundo mayor desplazamiento del mundo. Los países vecinos están respondiendo a la situación de movilidad humana con solidaridad y hospitalidad, y han mantenido en gran medida las puertas abiertas para los migrantes y refugiados de Venezuela.
La mayoría de los migrantes y refugiados de Venezuela residen en la región (6.59 millones en junio de 2024). Entre los mayores países de acogida están Colombia (2.9 millones), Perú (1.5 millones), Brasil, Ecuador y Chile.
A pesar de los avances en la regularización y el otorgamiento del estatus de refugiado a los venezolanos, un gran número de migrantes y refugiados no cuentan con documentos migratorios, con la consiguiente limitación de acceso a la protección social en algunos países.
Los migrantes y refugiados venezolanos están utilizando diversas rutas migratorias, que incluyen tierra, mar y aire. Como consecuencia de la pandemia COVID-19 y la interrupción de los canales regulares, muchos venezolanos han recurrido a utilizar rutas irregulares para llegar a sus destinos. Los cruces fronterizos informales se caracterizan a menudo por sus condiciones inseguras y sus graves problemas de protección, donde las personas están cada vez más expuestas a la trata de personas y a otras formas de violencia.
La pandemia de la COVID-19 ha añadido otra capa de complejidad a la situación de los desplazamientos en la región. La pérdida generalizada de puestos de trabajo y de fuentes de ingresos ha supuesto una mayor incapacidad para garantizar las necesidades básicas, como la alimentación, el alojamiento y otros servicios esenciales. Hay un aumento de la xenofobia y la discriminación hacia los venezolanos, motivada por una errada percepción de mayor competencia por puestos de trabajo, criminalización y temor a la propagación del virus.