8 de febrero, 2022. Hoy marcamos un año del inicio del Estatuto Temporal de Protección anunciado por Colombia para regularizar a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el país. En este sentido queremos reconocer el mensaje de integración que el Gobierno ha promovido en la región y la generosidad del pueblo colombiano con esta decisión histórica que ha permitido a más de un millón de personas refugiadas y migrantes de Venezuela iniciar el proceso efectivo de regularización. 

A día de hoy, y de acuerdo con cifras oficiales, más de 296,000 personas ya han recibido el documento que regulariza su estadía en el país por 10 años y avanza la realización de jornadas masivas de entrega de Permisos por Protección Temporal, en todo el territorio nacional y con el apoyo de los socios de la respuesta.

El Estatuto Temporal de Protección facilita el acceso a derechos fundamentales y a servicios esenciales como el sistema general de seguridad social en salud y los planes de vacunación contra la COVID-19, entre otros. La regularización también es fundamental para alcanzar soluciones a largo plazo, como el acceso al mercado laboral formal que contribuye en el impulso a la economía colombiana. 

Este gran esfuerzo de inclusión ha enviado también un importante mensaje contra la discriminación. Como política y programa que fomenta la cohesión es fundamental para reducir las percepciones erróneas, haciendo frente a la estigmatización y la xenofobia. 

Colombia acoge a 1,8 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de los casi 5 millones en América Latina y el Caribe. Siendo el primer país receptor, los resultados del plan han motivado a otras naciones de la región al propósito de garantizar protección, acceso a derechos y una vida digna a la población venezolana que ha dejado su hogar en estos últimos años. 

En este sentido, varios países están promoviendo la inclusión de la población refugiada y migrante de Venezuela con vocación de permanencia en sus sociedades. Saludamos las iniciativas en Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y a todos los países que están buscando facilitar la documentación y buscar soluciones para regularizar y ofrecer protección a la población venezolana valiéndose de distintos instrumentos de su legislación, y fomentando una respuesta solidaria entre países a través de foros regionales como el Proceso de Quito. 

Para que estos esfuerzos sean sostenibles, se requiere un enfoque inclusivo de todos los actores de la sociedad civil, particularmente las organizaciones de la diáspora que son agentes de cambio, las comunidades de acogida y las autoridades de nivel nacional y territorial.

Pero, sobre todo, para seguir materializando estos procesos inclusivos de largo plazo, es fundamental el apoyo de la comunidad internacional hacia los gobiernos de la región. El registro y la documentación son sólo el primer paso en el proceso de regularización que debe ir acompañado de inversiones y acciones concretas para reforzar la protección de las personas más vulnerables, el acceso a los servicios y garantizar el bienestar tanto de las personas refugiadas y migrantes como de las poblaciones locales que los acogen.

En este escenario que presenta importantes desafíos, pero también oportunidades, reiteramos el apoyo de la Plataforma de Coordinación Interagencial para refugiados y migrantes de Venezuela (R4V) para seguir sosteniendo estos ejercicios de regularización e inclusión en la región que sirven de modelo a nivel mundial. 

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