Ginebra, 1 de diciembre de 2022 – La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), codirigida por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), lanza hoy un plan regional de 1.720 millones de dólares para apoyar las necesidades actuales de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en 17 países de América Latina y el Caribe.

Años después del inicio esta emergencia, millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en la región todavía no pueden costear tres comidas al día, no tienen un alojamiento seguro y digno, se enfrentan a obstáculos para acceder a atención médica y no pueden trabajar para mantenerse a sí mismos y a sus familias. 

Los fondos estarán destinados a responder a esas necesidades humanitarias, complementando y apoyando los esfuerzos de los gobiernos de acogida, que son los principales responsables de la respuesta.  A su vez promoverán la integración socioeconómica, mediante el acceso a oportunidades de empleo, educación y regularización, así como a programas de bienestar social para que puedan lograr  estabilidad financiera y una integración efectiva que les permita alcanzar su pleno potencial y contribuir al desarrollo de los países que les han acogido con generosidad. 

"Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela no pueden ser olvidadas. Muchas han visto sus vidas paralizadas y millones luchan por alimentar a sus familias o encontrar oportunidades para reconstruir sus vidas", dijo Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos. "Están deseosos de contribuir a sus comunidades de acogida con sus conocimientos, habilidades y creatividad, y lo han estado haciendo, pero necesitan nuestro apoyo para superar sus retos más acuciantes." 

Más de 7 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela han abandonado su país en busca de seguridad y estabilidad. La gran mayoría, casi seis millones de personas, viven en 17 países de América Latina y el Caribe. 

La inestabilidad, las dificultades para acceder a los servicios básicos, la xenofobia y la discriminación, y la falta de documentación han obligado a decenas de miles de personas a seguir embarcándose en peligrosos viajes, incluso a través del Tapón del Darién o cruzando las altas montañas entre Bolivia y Chile. 

"Los esfuerzos de regularización de muchos países de América Latina y el Caribe han sido un gesto crucial de solidaridad para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela", dijo Stein. "Sin embargo, el aumento del costo de vida, resultante de los impactos persistentes de la COVID-19, así como el alto desempleo y los bajos salarios han hecho difícil para muchas personas refugiadas y migrantes reconstruir sus vidas en sus comunidades de acogida."

El empeoramiento de la situación económica mundial, junto con el carácter prolongado de esta emergencia, han desviado la atención del mundo hacia otros lugares. En 2022, sólo se ha recibido una cuarta parte de los fondos necesarios, lo que ha obligado a reducir los programas para salvar vidas en toda la región y ha puesto a muchos venezolanos al borde del abismo.

Por primera vez, el plan tiene un alcance de dos años, en un intento por reforzar el puente entre la atención inmediata a las necesidades humanitarias y de protección, y las actividades de integración y desarrollo a mediano ylargo plazo, en línea con el Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz.

Para saber más sobre el RMRP 2022, visite: rmrp.r4v.info

Únase al evento de lanzamiento a las 9 am (hora de Panamá) aquí.

Para más información, póngase en contacto con:

En Panamá,
Gema Cortés, OIM, marcortes@iom.int
William Spindler, ACNUR, spindler@unhcr.org
 
En Ginebra,
Paul Dillon, OIM, pdillon@iom.int
Olga Sarrado, ACNUR, sarrado@unhcr.org

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Nota para los editores:

El RRMP se ejecuta en el marco de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V) en consulta con los gobiernos receptores de 17 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El plan de este año proporciona un marco para una respuesta operativa coordinada por 228 organizaciones socias, entre las que se encuentran agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, la sociedad civil y las organizaciones de la diáspora dirigidas por personas refugiadas y migrantes, el Movimiento de la Cruz Roja, así como otras organizaciones comunitarias y el mundo académico.